El marco europeo de la política de empleo

De Políticas Activas de Empleo

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El pleno empleo siempre ha sido uno de los objetivos de la Comunidad, que ya figuraba en el Tratado de Roma. No obstante, la cooperación entre los Estados miembros antes de 1997 consistía sobre todo en la tradicional colaboración entre gobiernos y dentro de las organizaciones nacionales en particular, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son plataformas multilaterales europea e internacional para la cooperación, en lo que respecta al mercado laboral.

Los problemas estructurales y las dificultades macroeconómicas de los años noventa pusieron de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada a escala europea. El Libro Blanco de Delors de 1993 sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo fue el primer paso hacia una verdadera cooperación a escala europea.

Basándose en dicho Libro Blanco, el Consejo Europeo de Essen identifica cinco objetivos clave que los Estados miembros se comprometen a perseguir:

  • Desarrollo de los recursos humanos a través de la formación profesional.
  • Apoyo a las inversiones productivas mediante políticas salariales moderadas.
  • Mejora de la eficacia de las instituciones del mercado laboral.
  • Identificación de nuevas fuentes de empleo a través de las iniciativas locales.
  • Promoción del acceso al mercado laboral para determinados grupos, como jóvenes, personas desempleadas de larga duración y mujeres.

Sin embargo, sin un compromiso firme de los Estados miembros, resultaba difícil alcanzar esos objetivos centrales de la Estrategia de Essen.

En consecuencia, en el Tratado de Amsterdam de 1997 se incluye un nuevo capítulo que, aun manteniendo la competencia de los Estados miembros en lo que respecta a la política de empleo, refuerza el enfoque comunitario de manera global en todos los Estados miembros y se materializa en una estrategia coordinada para el empleo.

La promoción de una mano de obra cualificada y de un mercado laboral más reactivo a los cambios económicos se convierte en una "cuestión de interés común". El Tratado también proporciona la base jurídica para la creación de un Comité de Empleo[1] e introduce el voto por mayoría cualificada en los ámbitos relativos al empleo, lo cual facilita la toma de decisiones.

La Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, en noviembre de 1997, anticipa la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam lanzando la Estrategia Europea de Empleo(EEE).

El Consejo de Lisboa, de marzo de 2000, se fijó el objetivo de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social en diez años. La EEE adquiere toda su importancia en esa estrategia global. Además, en marzo de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona pidió el refuerzo de la EEE como instrumento clave para sostener la Estrategia de Lisboa en la UE ampliada. Esta Estrategia de Lisboa, cuyos resultados iniciales fueron moderadamente satisfactorios, se relanzó en versión simplificada en 2005 y hoy contribuye mucho al auge actual de la economía europea.

La Estrategia Europea para el Empleo (EEE)

La Estrategia Europea para el Empleo se ha diseñado con el objetivo de incrementar la tasa de empleo por medio de políticas activas en el mercado de trabajo, destacando la apuesta por la formación y capacitación de las personas.

La coordinación de las políticas nacionales de empleo tiene como principal objetivo que los Estados miembros se comprometan sobre un conjunto de objetivos y metas comunes, en torno a cuatro pilares: la empleabilidad, el espíritu empresarial, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades.

Si se quiere alcanzar en 2010 el objetivo de una tasa de empleo global del 70% en la UE, hay que redoblar el esfuerzo para afrontar dos problemas estrechamente relacionados: la rigidez de los mercados laborales, que dificulta la competitividad, y la “segmentación”, especialmente entre las trabajadoras y los trabajadores con empleo fijo y elevada protección y aquellos que no tienen sino contratos temporales, sin apenas seguridad ni posibilidades de obtenerla.

Las profundas reformas en la educación y la formación inicial en varios Estados miembros están mejorando las oportunidades para la juventud y con el tiempo ofrecerán al empresariado una mano de obra altamente cualificada y adaptable, pero los avances no son aún suficientes en lo que respecta a la formación permanente de personas adultas, la gran diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo inaceptable, o la escasa atención prestada por muchos Estados miembros en sus programas de reforma a la protección del medio ambiente y las tecnologías ecológicas, especialmente para reducir las emisiones.

Ahora, los Estados miembros deben poner en práctica las reformas en la formación, y con mayor razón aún en este momento de desaceleración de la economía mundial. Es indispensable que se centren primeramente en los ámbitos establecidos en las recomendaciones específicas para su país y lleven a cabo planes de acción donde plasmarán su compromiso de llevarlas a cabo. Sólo entonces nos acercaremos a los objetivos de 2010.

¿Cómo se llevan a cabo estas reformas?

En primer lugar, la Comisión propone las directrices integradas para la reforma que a continuación aprueba el Consejo y que constituyen la base de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros.

En segundo lugar, en el informe provisional anual evalúa el contenido y la ejecución de los programas nacionales de reforma, lo cual permite a personas interesadas y ciudadanía en general ver lo que ha conseguido cada Estado miembro. En el informe, la Comisión incluye recomendaciones específicas y señala puntos pendientes para cada país, que seguidamente se someten al Consejo para su adopción previo visto bueno del Consejo Europeo.

En tercero, colabora continuamente con los Estados miembros para ayudarles a intercambiar experiencias, aprender mutuamente y aplicar, actualizar y mejorar los programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles señalados en el informe provisional anual. Esta función catalizadora del aprendizaje mutuo y generadora del consenso que alienta las políticas nacionales y europeas es a veces tímida, pero esencial en la labor de la Comisión desde los comienzos de la Comunidad Europea.

Por último, la Comisión hace avanzar la Estrategia de Lisboa proponiendo acciones concretas (por ejemplo, reducción del tiempo necesario para crear una empresa a 7 días) que reciben el respaldo del Consejo Europeo y que luego se aplican en los Estados miembros. A través del Programa Comunitario de Lisboa, también trabaja para que la elaboración de políticas y la financiación a escala europea se adecuen lo mejor posible a los objetivos de crecimiento y empleo.


El Tratado de Lisboa

El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, introduciendo cambios en la política interna, como en la exterior y en las instituciones y leyes de la Unión Europea (UE); pero ¿por qué necesita Europa el Tratado de Lisboa?: La Unión Europea de 27 miembros ha estado funcionando con reglas diseñadas para una UE de 15 Estados miembros. Para aprovechar todo su potencial, la Unión Europea necesitaba modernizarse y reformarse. Al mismo tiempo, cada vez hay más apoyo a que la UE trabaje de forma unitaria en cuestiones que nos afectan a todos y todas, como el cambio climático, la seguridad energética y el terrorismo internacional. Dado que la UE ha crecido y sus responsabilidades han cambiado, es razonable adaptar el marco en que opera para conseguir que la UE tenga los medios para hacer frente a los desafíos de hoy y de mañana.

En concreto, el Tratado de Lisboa hará más eficiente la toma de decisiones, favorecerá el aumento de la rendición de cuentas democráticas, asociando al Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y dará mayor coherencia a la presencia de la UE en el exterior. Todas estas mejoras proporcionarán a la UE los instrumentos necesarios para defender mejor los intereses de su ciudadanía en su vida cotidiana.

Cambios “clave” del Tratado de Lisboa en el área de Empleo, Economía y la Europa Social

  • ¿Cómo ayudará el Tratado a combatir la crisis económica y a crear un crecimiento sostenible?

Las economías de todos los Estados miembros son interdependientes. La prosperidad en cada uno depende en parte de la demanda de los otros (a través de las exportaciones, por ejemplo); los deficits públicos insostenibles en algunos Estados miembros pueden socavar la confianza en otros y en el euro… Por ello, una mayor coordinación de la política económica va en interés de todos ellos, en los buenos tiempos económicos y en los malos. Esta coordinación de las políticas es incluso más importante en la zona del euro. Al mejorar las posibilidades de una coordinación eficaz, el Tratado de Lisboa puede contribuir a mejorar los resultados económicos.

  • ¿Cómo cambia el Tratado de Lisboa el papel de la Comisión en la política económica y fiscal?

El Tratado de Lisboa refuerza el papel de la Comisión como “árbitro” independiente en la gobernanza económica. Por ejemplo, la Comisión tendrá la posibilidad de emitir advertencias directas a los Estados miembros cuyas políticas económicas no sean coherentes con las orientaciones generales de política económica acordadas por el Consejo o que pongan en peligro el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Además, la Comisión va a poder enviar directamente un dictamen al país en cuestión cuando considere que un Estado miembro tiene un déficit excesivo o puede llegar a tenerlo. Hasta ahora, la Comisión debía presentar dicho dictamen al Consejo.

  • ¿Hay alguna mejora en el Tratado respecto la gobernanza económica?

El Tratado no va a revolucionar el funcionamiento de la UEM, pero traerá algunas mejoras concretas, positivas y útiles. El Tratado refuerza la visibilidad de la zona del euro y su capacidad de decidir y actuar de forma autónoma.

  • ¿Cuáles son los cambios específicos para la zona euro?

El Tratado amplía la lista de temas -todos los que afectan directamente sólo a la zona del euro– respecto a la cual los Estados miembros que no formen parte de la zona euro no tendrán derecho a voto en el Consejo. Éste será el caso en todas las medidas relativas a la vigilancia multilateral y al procedimiento de déficit excesivo que se aplica a los Estados miembros de la zona euro.

El Tratado de Lisboa introduce también un artículo que le da expresamente al Consejo la posibilidad de adoptar medidas específicas para los Estados miembros de la zona del euro. La intención es fortalecer la coordinación y vigilancia de sus políticas presupuestarias y evitar desequilibrios perjudiciales para la zona del euro.

El Tratado también establece claramente, por primera vez, la idea de establecer una representación unificada de la zona del euro en las instituciones financieras internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Comité de Estabilidad Financiera.

  • ¿Cambiará el “status” del Eurogrupo?

Sí. El importante papel del Eurogrupo en el proceso de decisión de la zona del euro es reconocido en un protocolo independiente anexo al Tratado de Lisboa. El Protocolo confirma la práctica actual de reuniones informales de los ministros y las ministras de la zona del euro en las que participa la Comisión y a las que el BCE también es invitado. Se especifica que el Eurogrupo elegirá un Presidente o una Presidenta por dos años y medio.

  • ¿Cómo facilitará el Tratado de Lisboa la toma de decisiones con respecto a las cuestiones económicas?

Se ampliará el alcance de las votaciones por mayoría cualificada (VMC) a nuevas áreas (por ejemplo, el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE) y aportará algunas mejoras en el proceso de votación. Si, por ejemplo, en el marco de un procedimiento de déficit excesivo, la Comisión propone una Recomendación del Consejo o de una decisión dirigida a un Estado miembro determinado, al Estado miembro en cuestión, por ejemplo, ya no se les permite votar en ella y, por lo tanto, se le retira la posibilidad de bloquear el procedimiento.

  • ¿Cuáles son los cambios en empleo y asuntos sociales?

Los cambios no son dramáticos, pero deberían contribuir a mejorar la toma de decisiones. La toma de decisiones en el ámbito de la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, que ahora incluye a las personas que trabajadon como autónomas, debe ser más rápida y más eficiente, ya que se pasa de la unanimidad a la mayoría cualificada.

Las acciones para combatir la discriminación, como la propuesta actualmente en discusión en el Consejo, seguirán exigiendo la unanimidad en el Consejo. Pero el papel del Parlamento Europeo se fortalece, ya que se requerirá su consentimiento, y no, como hasta ahora, la simple consulta.

Del mismo modo, el Parlamento Europeo tendrá un papel más importante, ya que el Tratado de Lisboa introduce la obligación de informar al Parlamento Europeo, por ejemplo, de los acuerdos alcanzados por los interlocutores y las interlocutoras sociales y en el método abierto de coordinación (establecimiento de orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas, control y evaluación periódicos). También vale la pena señalar que la promoción del diálogo social se convierte en un objetivo de la UE, y no sólo de la Comisión -se subraya el papel crucial que los empresarios, las empresarias y los sindicatos tienen que desempeñar en la elaboración de políticas de empleo.

  • ¿Cómo va a mejorar la Carta de los derechos de las personas trabajadoras en Europa? ¿Qué países tienen un régimen especial?

El Tratado de Lisboa introduce la Carta de Derechos Fundamentales en el Derecho primario europeo. Los seis capítulos de la Carta cubren los siguientes aspectos: los derechos individuales relativos a la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, los derechos vinculados al estatuto de la ciudadanía y la justicia. Las instituciones de la Unión deben respetar los derechos recogidos en la Carta, al igual que sucede con los Estados miembros cuando apliquen la legislación de la Unión. El Tribunal Europeo de Justicia (TJCE) garantizará que la Carta se aplica correctamente. La incorporación de la Carta no modifica las competencias de la Unión, pero ofrece mayores derechos y mayor libertad para la ciudadanía.

El reconocimiento de los derechos en el título dedicado a la solidaridad (por ejemplo, derechos de los trabajadores y las trabajadoras a la información y consulta, derecho de negociación colectiva, condiciones justas de trabajo) es un paso importante hacia una mejor protección del colectivo trabajador. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia podrá, cuando se trate de interpretar la legislación de la UE, referirse a la Carta o declarar que determinada ley es incompatible con los derechos fundamentales.

El Reino Unido, Polonia y la República Checa han conseguido un régimen especial en lo que se refiere a la aplicación de la Carta. La Unión Europea también incorporará el Convención Europea de Derechos Humanos a su propio derecho.

  • ¿Afectará el Tratado a las legislaciones nacionales de empleo, como el derecho a la huelga?

No. Los poderes legislativos recogidos en el Tratado no se aplican a las remuneraciones, al derecho de asociación, el derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.

  • ¿El Tratado de Lisboa debilita los logros sociales de la UE?

No, en absoluto. El Tratado de Lisboa permitirá a la UE a mantener y desarrollar aún más los logros sociales con pleno respeto de las prerrogativas nacionales.

El Tratado de Lisboa introduce una cláusula social horizontal. La Unión ha de tener en cuenta las cuestiones sociales (tales como la promoción de un alto nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social) en la definición y ejecución de sus políticas y actividades.

  • ¿El Tratado pone en peligro los servicios públicos?

No. El Tratado reconoce los servicios públicos como un instrumento indispensable de cohesión social y regional. En el Tratado se ha incluido un protocolo especial de interpretación que pone de relieve el importante papel de los servicios públicos en la promoción de la cohesión social y la diversidad de estos servicios que derivan de situaciones geográficas, sociales o culturales. Por lo tanto, hay una amplia facultad de apreciación de las autoridades nacionales, regionales y locales en la prestación, puesta en marcha y organización de los servicios de interés general.

Referencias

Enlaces Externos

Notas

  1. El Comité de Empleo es un Comité consultivo creado para aplicar la estrategia europea de empleo y a fin de promover la coordinación entre los Estados miembros en materia de políticas de empleo y de mercado de trabajo.
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